Nuestra sociedad debe alcanzar una completa adaptación en un entorno digital. Es un derecho.

El derecho a Internet es una oportunidad que se presenta con la conexión en red desde cualquier dispositivo: ciudadanos digitales junto a instituciones y entidades públicas. Una sociedad completamente conectada facilita y amplifica nuestra participación, una cultura digital como visión. Ayuda en el desarrollo en adquirir nuevos derechos y en participar en aquellos ejercicios que afectan de forma directa a los ciudadanos. En cambio hoy se deciden y se ejecutan desde espacios fuera de la red.

No sólo un derecho virtual, también ayuda mantener el acceso a una Internet libre y neutral. Es justo y necesario que se disponga de aquellos dispositivos adecuados a alcanzar un correcto funcionamiento, un acceso a Internet rápido y seguro; y una conexión bajo una identificación digital (certificado digital) con plena validez jurídica ante las instituciones públicas. Todo bajo un marco de seguridad y confianza.

¿Qué están haciendo nuestras instituciones para integrar de pleno el derecho a una Internet libre, segura y participativa?

Hace unos años desde la ONU y con poco debate desde los medios se ha promovido el acceso a Internet como derecho humano. Una necesidad para fortalecer los derechos en un entorno con muchas posibilidades de avanzar con una sociedad más conectada y participativa. El debate ha estado centrado en la libertad de expresión y a no ser molestado. Importantes, pero en una primera etapa donde la participación está siendo exclusiva de una parte de la sociedad más entrenada en redes sociales. Falta integrar a la otra parte y mostrar a todos las vías de comunicación sociales y políticas de gran calado. Conseguir una participación ciudadana.

Son muchos los puntos interesante para el desarrollo del derecho a Internet según la resolución:

  • Ayudar en la cooperación internacional en el desarrollo medios de comunicación y servicios entre países…
  • la calidad de la educación en “digital” debe cumplir un papel importante. Uno de los puntos sería el acceso a información…
  • promover el empoderamiento de las mujeres y niñas con un uso de tecnología instrumental…
  • La adaptación para la accesibilidad de la tecnología y con ello aumentar la participación de las personas con discapacidad… etc.

La brecha digital, que se puede confundir con la generacional, es una urgencia que requiere de una alfabetización digital y conocer todos los accesos a información relevante o de interés público en Internet. Acercar a todos, a los datos y a bases de información que le ayude a tomas conciencia de las decisiones que le afectan en su vida pública y privada. Y por supuesto hace un uso responsable y seguro de los trámites electrónicos.

Pregunten a un autónomo cuya relación con la administración se vuelve obligatoria (ley 39/2015) por el medio electrónico. Las ventajas son la agilidad de la comunicación entre ambas, la reducción de papeles y el gasto en asesorías. Este grupo requiere de una ayuda en la formación y aprendizaje “a ser asistidos en el uso de medios electrónicos” para sacar el máximo provecho a estas nuevas normas. Ayudas en la contratación de una buena conexión a Internet, ya que se le obliga sería un buen principio.

Se han presentado leyes, como la Ley 7/2017 de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. Avanzan en la posibilidad de tomar parte en los asuntos público en “condiciones de igualdad, de manera real y efectiva”. Una gran iniciativa, son pocas las comunidades que están avanzando en este sentido. Una gran oportunidad para utilizar este derecho a Internet y elevar la participación ciudadana a el nivel de la red. En el título VI de la ley se habla de la participación digital. Será interesante seguir como se pone en marcha el sistema público de participación digital.

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